domingo, 30 de mayo de 2010

LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA MINERA EN BOLIVIA

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MINAS
(JURISDICCIION ADMINISTRATIVA MINERA)


1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Se viene confundiendo que la Superintendencia General de Minas es una entidad reguladora, lo cual es una falsedad, ya que esta ejerce funciones de carácter jurisdiccional administrativa en materia minera.

Los sistemas regulatorios nacen como consecuencia de los cambios políticos y económicos dentro del Estado Neoliberal que busca sustituir el sistema de capitalismo de Estado mediante las regulaciones sectoriales (conjunto de leyes, decretos supremos, reglamentos y contratos o “contratos regulatorios”) que definen la estructura institucional de los entes reguladores y las relaciones de estos con las empresas prestadoras de los servios públicos regulados, según Pablo Dermizaky.

Como se vera la Superintendencia General de Minas no regula a las entidades privadas que prestan servicios públicos en materia minera, sino que al ejercer funciones de carácter jurisdiccional administrativo minero, tiene que ver con las atribuciones de un juez o tribunal de justicia administrativa para conocer, tramitar y resolver las reclamaciones o controversias suscitadas entre los particulares u operadores mineros.

También se considera erróneamente que la Superintendencia General de Minas fue creada por el Estado Neoliberal, lo cual no es cierto, ya que desde la fundación de la República de Bolivia, esta ya tenía su existencia.

La Historia de la minería esta íntimamente ligada a la historia de Bolivia, dejando establecido que el país es y ha sido minero, por ser el primer recurso natural descubierto y explotado, con antecedentes que se pierden en el tiempo y que aparece con nitidez en la época colonial.

Los altibajos políticos y económicos de la nación, con siclos de crisis y apogeo, han tenido que ver con el comportamiento de la vida económica del país.

Durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz, el 5 de noviembre de 1834, se puso en vigencia el primer Código de Minería, la misma que fue abrogada el 5 de diciembre de 1836.

El 28 de octubre de 1852, se pone en vigencia un nuevo Código de Minería, en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, en la que se deja si efecto las Ordenanzas de Perú y México, implanta el dominio originario del Estado y establece nuevas unidades de medida por estacas y cuadras (80 varas de longitud por 60 de ancho) y se adjudica a perpetuidad a sola condición de poblar la mina y ocupar un mínimo de 8 trabajadores, 4 indios y 4 negros, en caso de no cumplir esta condición incurría en caducidad.

Posteriormente, mediante Ley de 28 de noviembre de 1906, durante el gobierno de Ismael Montes, se efectúa la primera compilación y publicación de Leyes y disposiciones mineras, en la misma que en varias de ellas se menciona varios Decretos Supremos emitidos entre el 13 de octubre de 1880 al 28 de octubre de 1882, en los que de forma reiterada se menciona a la Superintendencia de Minas como la máxima autoridad en materia minera.

La Superintendencia de Minas, como tal, data desde 1925, cuando se impuso el Código de Minería en el gobierno de Bautista Saavedra, conocido también como “Código Saavedra”, en cuyo artículo 256, dice que “los Superintendentes de Minas, son las autoridades que ejercen plena jurisdicción en materia minera, dentro de los límites del departamento que estaban bajo su administración”.

De esta manera fue creada la JURISDICCION ADMINISTRATIVA MINERA, otorgándose atribuciones a los Superintendentes de Minas, conocer “todo asunto referente a la adjudicación de las propiedades mineras, aceptar o rechazar las oposiciones,….”.

El “Código Saavedra” tuvo vigencia hasta el 7 de mayo de 1965, hasta cuando el gobierno del Gral. Rene Barrientos, mediante Decreto Ley 076148, elevado a rango de Ley de la República No. 1243 de 11 de abril de 1991 aprobó un nuevo Código Minero conocido como Código Barrientos.

Este Código establece en el artículo 339, que el conocimiento y resolución de las causas mineras en cuanto al otorgamiento, conservación y extinción de concesiones en general corresponde a la jurisdicción minera.

Sin embargo, modifica su composición estableciendo en su artículo 340 que: “la Jurisdicción Minera se ejerce por la Corte Nacional de Minería, los Superintendentes de Minas y los Sub-Prefectos de las Provincias. Estas actividades se realizaran asistidas por el Fiscal Superior de Minas dependiente del Ministerio del ramo.

Establece además que en cada capital de departamento, habría un Superintendente de Minas con categoría de Juez de Partido con jurisdicción en su respectivo territorio, y que debía ser nombrado por el Ministro de Minas a propuesta de una terna de la Corte Nacional de Minería.

Posteriormente de acuerdo a la nueva Ley de Organización Judicial No. 1455 de 18 de febrero de 1993, en su artículo 347 se incorpora la Jurisdicción Administrativa Minera al Poder Judicial, con la conversión de Superintendentes a Jueces de Minería con grado de Juez de Partido. (el Neoliberalismo ordinariza la jurisdicción administrativa minera)

La Ley 1777 (actual Código de Minería), lo único que hizo fue reponer la Superintendencia General de Minas, como instancia de autoridad jurisdiccional administrativa en materia minera (Jurisdicción Administrativa Minera). Es decir una especie de Juez o Tribunal, con atribuciones definidas en sus artículos 111 y 117.



2. JUSTIFICACION TEÓRICO DOCTRINALDE LA EXISTENCIA DE LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA MINERA

2.1. SUPERINTENDENCIA
Según Cabanellas, la Superintendencia es la administración superior de un ramo. Jurisdicción. Cargo, oficina de un Superintendente.

La Superintendencia General de Minas, es la máxima autoridad que ejerce funciones de carácter jurisdiccional administrativo en materia minera, conforme lo dispone el art. 103 del Código de Minería en vigencia, y tiene competencia para conocer y resolver las actuaciones concernientes a la obtención, oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras (Ver arts. 111 y 117 del Código de Minería)

(Actualmente de acuerdo al D.S. 29117 de 1 de mayo de 2008, la Superintendencia General de Minas, dejo de ejercer una de sus tantas atribuciones, cual es la de pronunciar Resoluciones Constitutivas de Concesión Minera, y que ahora y de acuerdo al nuevo texto constitucional aprobado por el referéndum corresponde a la COMIBOL la firma y suscripción de contratos administrativos mineros.

En la teoría y doctrina del Derecho Administrativo, la jurisdicción administrativa, se refiere a la decisión de la Administración Publica sobre las reclamaciones o controversias a que dan lugar los propios actos administrativos, para conocer y sentenciar, con las formalidades de un juicio o bien las reclamaciones u oposiciones de los que se creen perjudicados en sus derechos por los actos de la Administración.

Los actos administrativos, pueden lesionar derechos e intereses legítimos de los administrados o particulares, por lo que estos pueden impugnar mediante acciones, vías y recursos que la propia administración pone a su alcance, como parte del mecanismo jurídico institucional para resolver las quejas. La tramitación y resolución de consultas, declaraciones y controversias, constituyen la función jurisdiccional de la administración pública (en este caso de la Superintendencia General de Minas o como podría llamarse posteriormente).

La actividad jurisdiccional de la administración, se diferencia de la administración de la justicia ordinaria donde el juez o tribunal tiene ante si a dos partes; mientras que en la jurisdicción administrativa, se tiene al recurrente y a un órgano administrativo; o solo el acto administrativo, cuando se pronuncia de oficio sobre una decisión administrativa. Otra diferencia radica en que la decisión jurisdiccional administrativa debe ejecutarse necesariamente por ser de orden público; mientras que en las sentencias judiciales pueden no ser cumplidas por las partes involucradas, si posteriormente convienen estas dar otra solución a la controversia.

La jurisdicción administrativa en materia minera, también podría ser considerada como una jurisdicción especial. Cabanellas, se refiere a la Jurisdicción Especial cuando dice que, “Cualquiera que no sea la jurisdicción ordinaria (v). La especial, denominada también extraordinaria o privilegiada es la que se ejerce con limitación a asunto determinado o respecto de personas que, por su clase, estado o profesión, están sujetos a ella. A este género pertenecen entre muchas otras, pese a la declinación de los fueros privativos la jurisdicción militar, eclesiástica, laboral, hacienda.


2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA JURISDICCION
ADMINISTRATIVA EN MATERIA MINERA.

Por la falta de información y conocimiento se confunde a la Superintendencia de Minas con las demás Superintendencias del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), las que fueron creadas al amparo de la Ley de Capitalización, para regular el funcionamiento de todas las empresas capitalizadas.

Abolir o dejar sin vigencia a la Superintendencia General de Minas (bajo la errónea idea de que es una entidad reguladora), conllevaría que las Cortes Superiores de Justicia de los Departamentos y la Corte Suprema de Justicia, asuman competencia para conocer y resolver las impugnaciones, reclamaciones, caducidades, nulidades, servidumbres y expropiaciones mineras. Es decir, el conocimiento y resolución de los procesos administrativos mineros, serian de competencia de la Justicia Ordinaria o de sus Salas Administrativas Mineras, ya que el Ejecutivo o el Gobierno perderían su tuición y control de la actual jurisdicción administrativa minera.

Por estos antecedentes, sería muy negativo para la política minera del gobierno y el sector minero de nuestro país, la eliminación de la actual Superintendencia General de Minas (y las Superintendencias Regionales), ya que desaparecería la instancia jurisdiccional administrativa minera, que atienda todos los conflictos emergentes de la actividad minera (no solo sobre la otorgación de las concesiones mineras), incluso de aquellos que devengan de la formación, ejecución, cumplimiento, nulidad, anulabilidad, prescripción etc. de los contratos que suscribe actualmente COMIBOL.

La Superintendencia General y Regionales de Minas, aun cuando el gobierno y el nuevo texto constitucional disponene que no tengan más competencias para otorgar concesiones mineras, actualmente tiene competencia para conocer los siguientes procesos administrativos mineros:

Demanda de Amparo Administrativo Minero
Demanda de oposición minera
Demanda de nulidad
Demanda de expropiación minera
Demanda de constitución de servidumbre minera

Si se dispone la desaparición de la jurisdicción administrativa minera que ejerce actualmente la Superintendencia General de Minas y las Regionales, desaparece la autoridad jurisdiccional para conocer y resolver las demandas de oposición, nulidad, anulabilidad, prescripción, cumplimiento, ejecución, etc. de los Contratos Administrativos Mineros que suscriba COMIBOL con personas particulares individuales o colectivas, nacionales o extranjeras.

De ser así los jueces y tribunales ordinarias o del Poder Judicial tendrían que atender estas demandas, en sus Juzgados Administrativos Mineros o Salas de las Cortes Superiores de Justicia y la Corte Suprema de Justicia a sabiendas que este poder tradicionalmente se encuentra en manos de los Partidos Políticos neoliberales y la duración de los procesos ordinarios tienen una duración de varios años que causarían un enorme perjuicio a la actividad minera.


5. CONCLUSIONES

a) La Superintendencia General de Minas o como se llame en lo posterior, debe ejercer funciones de carácter jurisdiccional administrativa en materia minera, para conocer, tramitar y resolver las reclamaciones y controversias a suscitarse como consecuencia de la formación, firma y suscripción, ejecución y cumplimiento de los Contratos de Concesión Minera, entre la COMIBOL y los particulares.

Además para conocer, tramitar y resolver las acciones que actualmente viene conociendo como por ejemplo:

Demanda de Amparo Administrativo Minero
Demanda de oposición minera
Demanda de nulidad
Demanda de expropiación minera
Demanda de constitución de servidumbre minera

b) El Estado es el que ejerce el dominio sobre los recursos mineralógicos por razones de interés y utilidad pública en beneficio del soberano, por lo que (El Órgano Ejecutivo) para resolver las reclamaciones o controversias de los particulares (entre estos y de estos con la COMIBOL) en materia minera, no puede transferir la facultad jurisdiccional administrativa al Órgano Judicial.

c) La Jurisdicción administrativa minera para la tramitación y resolución de las reclamaciones y controversias, utiliza el procedimiento sumario que tiene las cualidades de ser rápido, inmediato, oportuno y eficaz.

d) La jurisdicción administrativa minera, garantiza la seguridad jurídica de las actividades mineras, el interés público y la defensa del patrimonio del Estado. Lo que no sucede en la jurisdicción ordinaria.

e) Ninguna empresa pública puede arrogarse la potestad jurisdiccional administrativa en materia minera, sino una entidad autónoma especializada como lo reconoce la superabundante teoría y doctrina jurídica administrativa y la legislación comparada de los países latinoamericanos.

f) Los recursos mineralógicos tienen una importancia estratégica en la economía nacional por su impacto en la política social, por lo que el Estado (el gobierno central o Ejecutivo) no debe dejar de ejercer el control jurisdiccional administrativo minero en todas sus instancias, impidiendo de esta manera que la justicia ordinaria y cualquier otro tribunal, menos extranjero (CIADI), asuman conocimiento y resolución sobre las controversias y reclamaciones de los particulares u operadores mineros.

g) La instancia jurisdiccional administrativa minera, en el marco de sus atribuciones, controla el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los particulares u operadores mineros con el Estado, así como de las prohibiciones legales.

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